La comisión instructora: pieza clave del cumplimiento normativo en la empresa

¿Por qué es necesaria una comisión instructora? 

La entrada en vigor de normativas como la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, ha obligado a las empresas a profesionalizar sus mecanismos de investigación interna. 

Ya no basta con disponer de un canal de denuncias o un código ético: es necesario contar con un equipo especializado que pueda analizar cada caso con objetividad y asegurar una respuesta adecuada. Esa es, precisamente, la función de la comisión instructora. 

Su creación no solo responde a un mandato legal, sino que también refuerza la cultura corporativa. Tener un órgano independiente que evalúe los hechos y proponga medidas correctivas demuestra que la empresa no tolera irregularidades y actúa de manera responsable frente a cualquier indicio de incumplimiento. 

Funciones principales de la comisión instructora 

Una comisión instructora bien configurada cumple con varias tareas esenciales dentro del sistema de cumplimiento: 

• Analizar y tramitar denuncias internas de forma ordenada, confidencial y documentada. 

• Garantizar la independencia de las investigaciones, evitando conflictos de interés. 

• Recoger pruebas y elaborar informes con conclusiones y propuestas de actuación. 

• Velar por los plazos y la transparencia en cada fase del procedimiento. 

• Recomendar medidas correctivas o disciplinarias y realizar seguimiento de su implementación. 

En definitiva, este órgano se convierte en el enlace operativo entre la detección de posibles irregularidades y la toma de decisiones por parte de la dirección o el comité de compliance. 

Buenas prácticas para su funcionamiento 

1. Definir claramente las fases del proceso Cada organización debe contar con un protocolo interno que establezca cómo se inicia una instrucción, quién la conduce, qué plazos existen y cómo se comunica la resolución. 

1. Proteger la confidencialidad Tanto la identidad del denunciante como la de los implicados deben preservarse. La transparencia del proceso no puede ir en detrimento de la privacidad. 

1. Documentar cada paso Toda investigación debe quedar reflejada en actas, informes y registros. Esto no solo facilita la trazabilidad, sino que también acredita el cumplimiento ante auditorías o inspecciones. 

1. Formar a los miembros de la comisión La profesionalización del órgano es clave. La formación en materia legal, ética empresarial y gestión de investigaciones internas asegura coherencia y seguridad jurídica. 

1. Conectar con el resto del sistema de compliance La comisión no debe actuar de forma aislada. Su labor se integra con el canal de denuncias, el código ético, las políticas internas y el modelo general de cumplimiento de la compañía. 

Errores que conviene evitar 

Aunque la creación de una comisión instructora es un avance, muchas empresas cometen errores que restan eficacia al sistema: 

• Nombrar una comisión sin darle recursos ni tiempo suficiente para investigar. 

• No definir sus funciones ni su ámbito de actuación. 

• Falta de formación o desconocimiento del marco legal aplicable. 

• No realizar un seguimiento posterior de las medidas adoptadas. 

• Dejar las investigaciones sin cierre documentado. 

Evitar estos fallos es esencial para que la comisión no se convierta en una figura meramente simbólica.  

Ventajas para la organización 

Contar con una comisión instructora sólida aporta múltiples beneficios: 

• Mejora la credibilidad del sistema de cumplimiento y la confianza del personal. 

• Reduce el riesgo de sanciones o conflictos legales. 

• Fortalece la reputación corporativa ante clientes, proveedores y socios. 

• Permite actuar de forma ágil y objetiva ante incidentes internos. 

• Promueve una cultura de integridad que trasciende la obligación normativa. 

En conclusión 

La comisión instructora no es un mero requisito legal, sino una herramienta que refuerza la gobernanza y la ética empresarial. Bien diseñada, con personal formado y procedimientos claros, se convierte en un garante de la transparencia interna y un pilar de cualquier programa de cumplimiento. 

Integrarla de forma efectiva con los demás mecanismos de control —como el canal de denuncias o el código ético— permite que la empresa no solo cumpla con la ley, sino que avance hacia un modelo de gestión responsable, coherente y sostenible.